VENEZUELA: INFORME DE DD.HH AMNISTIA
INTERNACIONAL. 2020-2021
República Bolivariana de Venezuela:Jefe del Estado y del
gobierno: Nicolás Maduro Moros.
En la crisis continuada de derechos humanos que sufría
Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales,
uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de
seguridad a lo largo del año. Quienes criticaban las políticas del gobierno
—como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política— eran
objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios
injustos y la detención arbitraria. Se recibieron informes de tortura y otros
malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente. Los
defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían estigmatización y
encontraban dificultades para llevar a cabo su labor. La crisis humanitaria
empeoró, con una escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de
pobreza extrema. La pandemia de COVID-19 agravó tanto esta situación como el
deterioro progresivo de la infraestructura del servicio de salud. Las personas
que regresaban al país eran recluidas en centros de cuarentena estatales en
condiciones y durante periodos que podían constituir detención arbitraria y
malos tratos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los
hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por la ONU,
determinó que existían motivos razonables para creer que en el país se cometían
crímenes de lesa humanidad desde 2014 y que el presidente Maduro y altos cargos
militares y ministeriales habían ordenado los crímenes documentados en el
informe que presentó, o habían contribuido a su comisión.
EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES:
Siguieron recibiéndose informes de ejecuciones
extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)
de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC). Según informes recibidos por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al
menos 2.000 personas murieron en el país en el contexto de las operaciones de
seguridad que tuvieron lugar entre el 1 de enero y septiembre. Hasta junio, el
Comité de Derechos Humanos del estado de Zulia había registrado 377 muertes, al
parecer a consecuencia de la violencia ejercida por estas fuerzas policiales en
ese estado. Las víctimas fueron principalmente hombres jóvenes que vivían en
barrios de bajos ingresos y que, según afirmaban las autoridades, habían sido
detenidos de forma arbitraria en circunstancias relacionadas con
enfrentamientos con la policía.
DETENCIÓN ARBITRARIA:
La detención
arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la
disidencia. Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal,
hasta octubre se habían registrado 413 detenciones arbitrarias por motivos
políticos. Este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en
marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19. Además de
los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron
públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones
breves y, posteriormente, restricciones. Se utilizó la pandemia de COVID-19
para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de
las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial
sobre su paradero. Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en
prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los
tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para
contener la pandemia. Continuaron la práctica de la desaparición forzada, los
periodos de detención en régimen de incomunicación y el aislamiento en las
etapas iniciales de la reclusión, lo que dejaba a las personas detenidas más
expuestas a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los
congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro, detenidos por las FAES en marzo de
2020 y diciembre de 2019, respectivamente, sufrieron largos periodos de
aislamiento y detención incomunicada. Los dos estuvieron recluidos en
comisarías policiales que no cumplían las reglas mínimas para el tratamiento de
los reclusos. La contadora Maury Carrero fue detenida arbitrariamente en abril,
al parecer por su relación con un asesor de Juan Guaidó, presidente de la
Asamblea Nacional. Carrero fue acusada por un tribunal que se ocupaba de casos
de “terrorismo” y fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina
(INOF), donde permaneció incomunicada cinco meses. Durante ese tiempo no se
proporcionó información oficial sobre ella. El presidente Nicolás Maduro
indultó el 31 de agosto a 110 personas que habían sido criminalizadas, entre
ellas Renzo Prieto, Gilber Caro y Maury Carrero. En los días siguientes y
durante el resto del año se llevaron a cabo nuevas detenciones arbitrarias.
Entre los detenidos figuraba Roland Carreño, periodista y miembro del partido
Voluntad Popular, que fue privado de libertad en octubre.
TORTURA Y OTROS
MALOS TRATOS:
Continuaron llegando
informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones
incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso
de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia
sexual. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela
informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones
clandestinas por parte de la DGCIM. Las autoridades no investigaron las
denuncias de tortura y otros malos tratos, que quedaron impunes.
USO EXCESIVO DE LA
FUERZA:
El uso excesivo e
ilegal de la fuerza por parte de la policía, el ejército y los grupos armados
contra manifestantes seguía siendo generalizado. Las autoridades no tomaron medidas
significativas para impedirlo. Hubo numerosas denuncias de uso indiscriminado
de la fuerza durante las operaciones de cumplimiento de la ley. En mayo, un
enfrentamiento armado entre presuntas bandas delictivas en Petare, un barrio de
bajos ingresos de Caracas, provocó una operación conjunta de la policía y el
ejército que duró más de una semana. En ese periodo se recibieron varios
informes de episodios constantes de disparos indiscriminados y denuncias de
ejecuciones extrajudiciales.
IMPUNIDAD:
La impunidad por
violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional seguía
siendo la norma. La OACNUDH publicó en julio un informe sobre la independencia
judicial y el acceso a la justicia en el que se concluía que las víctimas de
violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a
obstáculos estructurales, especialmente la ausencia de independencia judicial.
En septiembre, el Ministerio Público anunció que 565 funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley habían sido acusados de violaciones de derechos humanos
cometidas desde agosto de 2017. También en septiembre aparecieron nuevos
indicios relativos a la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y
muerte en junio de 2019 de Rafael Acosta Arévalo a manos de la DGCIM. Las contradicciones
y lagunas de la investigación penal pusieron de manifiesto la necesidad de que
éste y otros casos similares fueran investigados de manera independiente.1 El
Ministerio Público reabrió la causa.
JUICIOS INJUSTOS:
Seguían utilizándose
juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas a
las del gobierno de Maduro. Continuó el uso de la jurisdicción militar para
procesar a civiles o personal militar retirado. Rubén González, preso de
conciencia y líder sindicalista detenido en 2018 que cumplía una condena
impuesta en un juicio injusto al que lo había sometido un tribunal militar,
quedó en libertad en el marco del indulto del 31 de agosto. La OACNUDH señaló
importantes deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio
Público, e hizo hincapié en los casos de falta de independencia y de injerencia
de otras autoridades públicas. La mayor parte de los circuitos judiciales
suspendieron sus actividades a partir del 15 de marzo debido a las
restricciones por la COVID-19, y únicamente seguían funcionando los tribunales
competentes en materia de delitos flagrantes.
ESCRUTINIO
INTERNACIONAL:
A pesar de los
esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro por eludir el escrutinio del sistema
interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dictó durante el año siete medidas cautelares en favor de personas en
Venezuela. Continuó el monitoreo de la situación del país a través del
Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) creado por la
Comisión Interamericana. La OACNUDH mantuvo un equipo de dos oficiales en el
terreno, y en septiembre anunció el refuerzo de su presencia en el país y se
comprometió a que tres procedimientos especiales visitarían Venezuela en 2021.
La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hizo público
en septiembre su primer informe. En él se afirmaba que las autoridades y las
fuerzas de seguridad venezolanas habían planificado y llevado a cabo desde 2014
graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales —como las
ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura— eran constitutivas
de crímenes de lesa humanidad, y que existían motivos razonables para creer que
el presidente Maduro y parte de su gabinete ministerial habían ordenado los
delitos documentados en el informe, o habían contribuido a ellos.
REPRESIÓN DE LA
DISIDENCIA:
La política de
represión para acallar la disidencia y controlar a la población continuó y se
intensificó durante la pandemia de COVID-19 y en el periodo previo a las
elecciones parlamentarias de diciembre. Los miembros de la Asamblea Nacional
sufrían un patrón de represión que incluía la detención arbitraria, el uso
indebido del sistema de justicia y las campañas difamatorias. Continuó
sometiéndose a presos de conciencia a restricciones graves y enjuiciamientos.
El sistema judicial seguía instrumentalizándose políticamente contra la
disidencia, lo que incluía dictar sentencias contra los partidos políticos que
criticaban al gobierno.
LIBERTAD DE REUNIÓN:
Las restricciones a la
libertad de reunión pacífica y de asociación seguían siendo práctica habitual.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta noviembre
se habían registrado más de 9.000 protestas provocadas por diversas cuestiones
como, por ejemplo, la falta de asistencia médica durante la pandemia de
COVID-19, los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, los
retrasos en la distribución de los fondos de ayuda alimentaria y la carencia de
servicios básicos (incluido el combustible). Unas 402 de estas protestas
recibieron como respuesta ataques de la policía, el ejército o grupos armados
progubernamentales, que causaron la muerte de 6 manifestantes y lesiones a
otros 149.
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN:
Según la organización
de la sociedad civil Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más
de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación,
ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.
Muchos de ellos tuvieron lugar después de que en marzo se declarara el estado
de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19. El 21 de agosto, los
periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres perdieron la vida en
una operación de seguridad de las FAES en el estado de Zulia. El Ministerio
Público puso en marcha una investigación sobre la posible ejecución
extrajudicial de los dos hombres y se dictó una orden de detención contra seis
agentes de las FAES. Darvinson Rojas, periodista y preso de conciencia, fue
detenido de forma arbitraria por difundir información sobre la COVID-19. Quedó
en libertad al cabo de 12 días, pero siguió sometido a restricciones y
actuaciones penales. El periodista y preso de conciencia Luis Carlos Díaz
también siguió sometido a graves restricciones e investigación penal.
DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Las defensoras de los
derechos humanos seguían sufriendo amenazas y estigmatización en el ejercicio
de su labor. El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta
junio se habían efectuado más de un centenar de ataques — que incluían actos de
criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias—
contra defensoras de los derechos humanos. En agosto, la organización
humanitaria Acción Solidaria fue asaltada por agentes de las FAES y ocho
personas permanecieron detenidas durante varias horas. Vanessa Rosales,
defensora de los derechos humanos en el estado de Mérida, fue detenida de
manera arbitraria en octubre por orientar a una niña de 13 años que estaba
embarazada como consecuencia de una violación sobre los procedimientos para
poner fin a la gestación. Hubo profesionales de la salud y periodistas que
informaban sobre la pandemia de COVID-19 que sufrieron hostigamiento y
amenazas. Algunos fueron acusados de incitar al odio.
DERECHOS DE LAS
PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE ASILO Y MIGRANTES:
El número de personas
venezolanas refugiadas y migrantes que huían a otros países en busca de
protección internacional seguía aumentando, y llegó a 5,4 millones al concluir
el año. Las autoridades restringieron la entrada a Venezuela durante la
pandemia de COVID-19 a un máximo de entre 100 y 300 personas al día, limitando
así la entrada y salida de nacionales del país. Muchas de las personas que
deseaban regresar habían sido excluidas de las medidas de asistencia de los
países de acogida durante la pandemia. Se criminalizó y estigmatizó a quienes trataban
de entrar en Venezuela por vías irregulares. La cuarentena obligatoria bajo
custodia del Estado fue un ejemplo de la respuesta represiva a la COVID-19.
Hasta agosto, según informes oficiales, 90.000 personas que regresaron a
Venezuela habían pasado por los centros estatales conocidos como “PASI” (Punto
de Atención Social Integral) para cumplir la cuarentena obligatoria. Sin
embargo, estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que
daban lugar a medidas punitivas y represivas, y no daban prioridad a la
atención médica y la prevención del contagio. Las condiciones de los PASI eran
precarias y, en muchos casos, incumplían los protocolos de la Organización
Mundial de la Salud. Se tuvo información de que los centros, por ejemplo, carecían
de agua potable, alimentación adecuada y acceso a asistencia médica. El tiempo
que las personas permanecían recluidas era en muchos casos arbitrario y no se
basaba en criterios objetivos, lo que unido a las inadecuadas condiciones de
los centros de cuarentena estatales podía constituir malos tratos y detención
arbitraria.
EMERGENCIA
HUMANITARIA:
La emergencia
humanitaria continuó y se intensificó. Las condiciones imperantes — como la
constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre
otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a
medicamentos y alimentos— se vieron agravadas por la COVID-19 y dificultaban
seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención
impuestas para frenar la pandemia. En julio, el Plan de Respuesta Humanitaria
de la ONU para Venezuela señaló que se necesitaban 762,5 millones de dólares
estadounidenses para proporcionar ayuda humanitaria a 4,5 millones de personas.
Según Acción Solidaria, 10 millones de personas quedaron sin recibir asistencia
médica para trastornos y enfermedades tales como hipertensión, diabetes, mal de
Parkinson, cáncer o malaria. A pesar de la recomendación de la OACNUDH y la
insistencia de la sociedad civil, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU
(PMA) no obtuvo autorización para acceder al país. Las medidas económicas —como
el limitado aumento del salario mínimo a 1,71 dólares estadounidenses
mensuales— intensificaron la acuciante situación económica, y al finalizar el
año la hiperinflación estaba descontrolada. El sobrecumplimiento de las
sanciones impuestas por Estados Unidos creó dificultades para acceder a bienes
y servicios en Venezuela.
DERECHOS DE LAS
MUJERES:
Según una coalición
venezolana de ONG, las brechas de género —ya agravadas por la compleja
emergencia humanitaria— se vieron exacerbadas por la COVID-19. La OACNUDH y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron las repercusiones que
esta situación tenía para las mujeres, incluida la falta de acceso a servicios
tanto de salud materna, sexual y reproductiva como de salud en general. Aunque
desde 2013 no había información oficial sobre el índice de feminicidios, las
ONG denunciaron un incremento constante de la violencia contra las mujeres en
el país. También según las ONG, en 2020 no funcionó ningún albergue para
mujeres sobrevivientes de violencia. La Misión de la ONU de Determinación de
los Hechos sobre Venezuela documentó crímenes de lesa humanidad por motivos de
género, como la tortura y la violencia sexual contra mujeres detenidas,
perpetrados por la DGCIM y el SEBIN y en el contexto de las protestas.
DERECHO A LA SALUD:
Los servicios de salud
continuaron deteriorándose. La escasez de medicamentos básicos, que resultaban
inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó. La respuesta
del Estado a la COVID-19 se vio gravemente afectada por la falta de acceso a
servicios de salud adecuados. El personal médico y de salud no disponía de
equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra
la COVID-19. Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta
cuestión fueron detenidas y criminalizadas. También preocupaba la falta de
transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de
pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la
COVID-19. Se tuvo información de que los servicios públicos de salud no
atendían adecuadamente a las mujeres embarazadas sospechosas de tener COVID-19
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:
En mayo, el Centro de
Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros
(CENDAS-FVM) informó de que la canasta básica familiar mensual —la relación de
alimentos básicos que se consideraban necesarios para una familia venezolana
promedio— costaba 513,77 dólares estadounidenses. En agosto, la misma
organización denunció que sería preciso tener ingresos 184 veces superiores al
salario mínimo para cubrir la canasta básica mensual. En julio, la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) informó de que el 96% de los hogares
venezolanos estaba en situación de pobreza, y el 79% en situación de pobreza
extrema e incapacidad de cubrir la cesta básica de alimentos. En febrero, el
PMA informó de que el 7,9% de la población venezolana sufría inseguridad
alimentaria grave, el 24% (7 millones de personas) padecía inseguridad
alimentaria moderada, y una de cada tres personas carecía de seguridad
alimentaria y necesitaba asistencia. Esta situación se consideraba una de las
10 peores crisis alimentarias del mundo. Los sistemas de distribución de
alimentos, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),
seguían sin cubrir las necesidades nutricionales de la población y funcionaban
con arreglo a criterios políticos discriminatorios.
DERECHO AL AGUA:
Los problemas de
suministro de agua potable y servicios de saneamiento continuaron y se
agravaron, lo que afectaba a las condiciones de vida y elevaba el riesgo de
contagio de COVID-19. Según la ENCOVI, sólo uno de cada cuatro hogares tenía
suministro continuo de agua, mientras que la mayor parte sólo disponía de agua
corriente algunos días de la semana (59%) o varios días al mes (15%). Los
sectores más vulnerables de la población seguían viéndose obligados a
abastecerse de agua procedente de camiones cisterna, pozos y manantiales.
CONDICIONES DE
RECLUSIÓN:
Persistían las muertes bajo custodia y la ausencia de
investigaciones al respecto. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, entre
enero y junio se registraron 118 muertes bajo custodia. El grave hacinamiento y
las condiciones de insalubridad de las prisiones incrementaban el riesgo de
contagio de COVID-19 para la población reclusa. El Observatorio Venezolano de
Prisiones informó en mayo de que 46 personas detenidas habían muerto a causa de
la violencia desatada en el Centro Penitenciario Los Llanos (CEPELLA) de la
ciudad de Guanare (estado de Portuguesa). El Ministerio Público abrió una
investigación, pero al finalizar el año no se tenía constancia de progreso
alguno.
DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS:
Los derechos de los
pueblos indígenas seguían viéndose gravemente afectados por la minería ilegal
practicada en el Arco Minero del Orinoco y otras partes del país. Según la
OACNUDH, los elevados índices de explotación laboral, trata de personas y
violencia se debían a un sistema de corrupción y soborno por parte de grupos
delictivos que controlaban las minas y que operaban un sistema de sobornos a
altos mandos militares. Según el Foro Penal, 13 indígenas pemones estaban detenidos
en espera de juicio a más de 1.200 km de su comunidad, sin que se hubieran
tomado las medidas adecuadas para proteger su identidad cultural o
garantizarles un juicio con las debidas garantías. En abril, la comunidad
indígena Wayuu del estado de Zulia organizó una manifestación para exigir
servicios básicos, como el acceso a agua potable, una cuestión pendiente desde
hacía mucho que se había vuelto más urgente por la necesidad de luchar contra
la COVID-19. Los funcionarios militares respondieron con fuerza excesiva, y una
mujer wayuu resultó herida.
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